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Foto UNICEF.
La calidad de vida de las infancias en la Argentina muestra marcadas disparidades según la jurisdicción donde residen las niñas, niños y adolescentes. En este complejo escenario federal, la provincia de Tucumán se destaca positivamente al ubicarse en la zona intermedia con un Índice Provincial de Niñez (IPN) de 0,635, superando el promedio nacional de 0,630 y logrando indicadores de bienestar infantil más favorables que grandes distritos urbanos del país como la provincia de Buenos Aires (0,627) y Santa Fe (0,622).

La información proviene del informe oficial titulado "Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia", publicado en su primera edición este miércoles por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El documento contó con la dirección editorial de María Elena Úbeda Castillo (Representante Adjunta de UNICEF), la coordinación general de Sebastián Waisgrais (Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF), y la revisión de contenidos de Carolina Aulicino y Alejandra Beccaria. A este exhaustivo estudio de monitoreo e investigación social tuvo acceso Tendencia de Noticias.

De acuerdo con el reporte que analiza la evolución de la última década (2016-2025), Tucumán experimentó una trayectoria favorable al escalar cinco posiciones en el ordenamiento nacional. No obstante, el informe advierte que la dimensión de educación se consolida como la más rezagada dentro de la provincia, al representar el principal cuello de botella para asegurar la igualdad de oportunidades de sus jóvenes frente a los progresos logrados en salud, condiciones materiales y prevención de la violencia.

El Representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, explicó que este trabajo “ofrece una mirada integrada sobre las desigualdades territoriales que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en las provincias argentinas, y permite reconocer en qué áreas se registran avances y cuáles requieren esfuerzos adicionales”, funcionando de este modo como un valioso insumo para orientar las políticas públicas basadas en evidencia. Como parte fundamental de esta iniciativa federal, UNICEF convocó formalmente a los mandatarios provinciales a suscribir el Compromiso por la niñez y la adolescencia, plasmando la voluntad política de cada jurisdicción para priorizar esta agenda y revertir las brechas socioeconómicas y educativas.
Para construir una medida unificada que supere la tradicional fragmentación de las estadísticas sectoriales, UNICEF asignó el mismo peso técnico (25% cada una) a cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo infantil:
Condiciones materiales (Promedio Nacional 2025: 0,673): Analiza el logaritmo del ingreso familiar per cápita de los hogares con menores, la incidencia de la pobreza monetaria extrema (indigencia) y la proporción de niños en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Presentó una mejora generalizada en el último año de la serie (2024-2025).

Educación (Promedio Nacional 2025: 0,477): Evalúa la asistencia escolar en las franjas críticas de 3-4 años y 15-17 años, la terminalidad de la escuela secundaria, los aprendizajes satisfactorios o superiores en Lengua y Matemática, y el uso de computadoras. Es la dimensión de menor avance e incluso se ubica levemente por debajo del registro base de 2016.

Salud (Promedio Nacional 2025: 0,515): Considera la tasa de mortalidad infantil evitable por cada mil nacimientos, el bajo peso al nacer y la cobertura de la vacuna Triple Bacteriana (refuerzo de los 5 años). Su evolución nacional se sitúa por debajo del punto de partida de la serie.

Violencia (Promedio Nacional 2025: 0,854): Ante las dificultades para conseguir registros administrativos estandarizados y actualizados en todas las provincias sobre otras formas de agresión, esta dimensión se representó de forma acotada mediante un indicador proxy de extrema gravedad: el embarazo de niñas menores de 15 años, asociado directamente con relaciones desiguales de poder y abuso sexual infantil. Registró una mejora y reducción sostenida en todo el país durante la década.

Al analizar de manera prioritaria los datos de Tucumán, el reporte expone que la provincia se encuentra consolidada en un lote intermedio de provincias que se sitúan en torno al promedio nacional o relativamente próximas a él. Con un IPN general de 0,635, nuestra provincia logra posicionarse por encima de distritos históricamente mejor equipados en términos de infraestructura, como Buenos Aires (0,627) y Santa Fe (0,622), lo que demuestra la efectividad relativa de algunas políticas públicas locales de contención.
La trayectoria temporal de Tucumán es una de las más dinámicas del período 2016-2025. El informe revela que la provincia escaló cinco posiciones en el ranking general, lo que evidenció un progreso absoluto constante que le permitió recortar distancias respecto de las zonas tradicionalmente más favorecidas, como la Patagonia.

Sin embargo, al abrir el índice y analizar la participación relativa de cada una de las cuatro dimensiones en el resultado final de Tucumán, la Educación surge como la dimensión con el puntaje más bajo en relación con los restantes componentes del índice. El informe recalca que, exceptuando a CABA, Corrientes, La Rioja y Santa Fe (donde la dimensión más baja es salud), en las restantes 20 jurisdicciones del país —incluida Tucumán— la educación constituye el puntaje más débil.
Esta inestabilidad educativa se traduce en que, si bien el acceso o la asistencia escolar general pueden ser elevados, persisten severas dificultades en la continuidad de las trayectorias de aprendizaje, la terminalidad de la escuela secundaria, los desempeños estandarizados en Lengua y Matemática, y el acceso equitativo a recursos digitales (como el uso de computadoras). El reporte de UNICEF advierte de manera crítica que “la regularidad de este resultado muestra que, en la mayoría de las provincias, el puntaje educativo es bajo en relación con los restantes componentes del índice”, lo que opera como un techo invisible para el desarrollo pleno de las infancias tucumanas.

La realidad del Norte argentino: una región profundamente heterogénea
El mapa trazado por el IPN expone la persistencia de desigualdades territoriales acumuladas durante décadas, con una clara concentración de las provincias del norte argentino en la franja inferior del índice. No obstante, el informe de UNICEF se encarga de subrayar que el norte no debe ser interpretado como un bloque homogéneo o inmóvil, ya que coexisten realidades sumamente dispares:
Jujuy: Se sitúa con un desempeño destacado por encima del promedio nacional, alcanzando un valor de 0,669.
Tucumán: Con su valor de 0,635, se ubica firmemente en el segmento intermedio, muy cerca y ligeramente por encima de la media del país.
Santiago del Estero: Registra un indicador intermedio-bajo de 0,567.
Corrientes: Anota un 0,537, constituyendo uno de los cuatro distritos del país donde la salud (y no la educación) representa su mayor desafío interno.
Misiones: Se ubica con un 0,523 y exhibe un patrón atípico: es una de las dos únicas jurisdicciones del país (junto con Formosa) donde la mayor participación del índice corresponde a la dimensión económica (condiciones materiales), representando el 33,0% del total y superando a la dimensión de violencia, que aporta el 28,7%.
Salta y Misiones se destacan por haber registrado progresos muy importantes a lo largo de la década.
Chaco: Con un IPN de 0,436, es una de las provincias que requiere mayor atención. Sin embargo, su trayectoria temporal arroja una enorme enseñanza: Chaco registró el mayor avance absoluto de toda la Argentina durante la década, incrementando su índice desde un devaluado 0,322 en 2016 hasta el 0,436 en 2025.
Formosa: Se posiciona en el extremo inferior de la escala con el valor más bajo del país (0,349). En esta jurisdicción, el peso relativo de las condiciones materiales alcanza un desproporcionado 43%, lo cual —según aclaran los autores— no obedece a un puntaje material elevado, sino a la extrema debilidad de sus indicadores de educación, salud y violencia, que se ubican muy cerca del cero absoluto de la escala.

En definitiva, la solidez metodológica del informe radica en demostrar que avanzar es enteramente posible, pero que el cierre definitivo de las brechas territoriales demanda políticas públicas estables, coordinación entre los distintos niveles del Estado y un financiamiento sensible a los desiguales puntos de partida de cada provincia.